¿ Y como viven los pueblos indigenas hoy?

Un muerto y 4 heridos de bala, el saldo del ataque de terratenientes contra una Comunidad Indígena
La Comunidad Chuschagasta no logra entender aún lo sucedido. Desde hace 26 días se encuentran a la vera de la ruta, reclamando el reconocimiento de la propiedad sobre sus tierras. En este sentido, vienen exigiendo que se aplique la Ley 26.160, por la cual se prohíben los desalojos de las comunidades indígenas de los territorios que ocupan tradicionalmente. Sin embargo, en la tarde de ayer, los terratenientes de la zona decidieron hacer justicia por mano propia. Tres personas, una de ellas identificada como Amín, junto a otros dos hombres -uno de ellos sería un ex policía salteño, separado de la fuerza por malos antecedentes- llegaron al lugar donde estaban los comuneros y comenzaron a sacar fotos. Mientras fotografiaban la gente y las tierras, indicaban que el lugar era de ellos, que lo habían comprado.
En ese momento, sólo había unas 20 personas de la comunidad de Chuschagasta -entre mujeres, niños y gente mayor-. Por eso, algunos de los comuneros se acercaron a los hombres para pedirles que se retiren, que no podían estar allí.
Así fue que Amín y sus dos compinches sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar. Como consecuencia, cuatro personas fueron heridas y una murió. La víctima fatal fue Javier Chocobar, de 68 años e integrante de la comunidad. Dos de los heridos permanecían internados en el Centro de Salud. Según la Doctora Frías, médica de guardia de ese hospital, "se encuentran estables y fuera de peligro".
Uno de los comuneros que se encontraba en el lugar cuando Amín y sus compinches indicó que "todo fue muy rápido. Todo se desarrolló en menos de 5 minutos. Chocobar murió en el lugar; a uno de los heridos logramos trasladarlos a Trancas, porque sino también hubiese muerto".
El hombre no lograba todavía asimilar lo sucedido. En el Centro de Salud, acompañaba a la familia de Andrés Mamaní, uno de los heridos de bala. Todos conmocionados, atinaban solo a decir que la Comunidad está muy golpeada y que esperan que todo termine de una vez. O sea, que el Estado Provincial reconozca la propiedad de la Comunidad Chuschagasta sobre sus tierras.
Desde ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y Fogón Andino repudiaron el accionar impune de los terratenientes y solicitaron al Estado Provincial la aplicación de la ley 26160. "Es urgente que el Estado tome cartas en el asunto, para evitar que se repitan situaciones extremas de este tipo. Es necesario que se reconozcan los derechos indígenas sobre sus territorios y se frenen los desalojos, que se vienen multiplicando en las últimas semanas", agregaron desde ANDHES.
Por otra parte, desde Contrapunto nos solidarizamos con la Comunidad Chuschagasta. Repudiamos el accionar impune de los terratenientes, que vienen contando con el apoyo del gobierno provincial, la justicia tucumana y el brazo represivo de la policía. Consideramos importante que todas las organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos de la provincia se pronuncien a favor de los pueblos originarios que vienen siendo atacados, para rodear de solidaridad su lucha y lograr que se garanticen sus derechos.





Represión y desalojo en comunidad Mapuce Currumil, Neuquén
El martes 25 de agosto se produjo en violento desalojo en la Comunidad Mapuce Currumil del Departamento Aluminé, en la provincia de Neuquén. En horas de la mañana una gran cantidad de miembros de fuerzas especiales de la policía del Neuquén se hicieron presentes en el paraje Quillén, territorio ancestral de dicha comunidad. El salvaje operativo se realizó en territorio ocupado por la comunidad en el marco de una recuperación territorial de campos de invernada. Este espacio en conflicto fue usurpado a través del tiempo hasta llegar al supuesto propietario actual llamado Pedro Modesta. Por OyR

















Denuncia de la violenta represión en Corcovado, Chubut, al Ministerio de Justicia
La familia de Cristian Omar Bustos, un joven del pueblo mapuce cuya detención desató una represión en el mes de marzo por la policía con allanamientos violentos y todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos en Corcovado, Chubut, fue al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para entregar las denuncias que vienen firmadas por los pobladores. Junto a Moira Millán, referente mapuce, estuvieron más de tres horas intentando ser recibidos por el ministro Aníbal Fernández, teniendo que recurrir a encadenarse en la puerta para ser escuchados




Mujeres Wichi se manifestaron frente a la Casa de Salta contra los desmontes



El viernes 31 de julio llegaron a Buenos Aires 20 mujeres de la comunidad wichi del departamento San Martín de la provincia de Salta con el objetivo de hacer oir sus reclamos sobre la tala indiscriminada y los desmontes en sus territorios, que provocan la destrucción del habitat.
Para ello el pasado lunes 3 de agosto realizaron una concentración frente a la Corte Suprema de la Nación por la mañana para entregar un escrito donde advertían sobre "el peligro de sufrir un desastre natural similar o aun peor que el alud ocurrido en Tartagal en el año 2008 y 2009, o la inundación de la ciudad de Santa Fe de años anteriores" debido a la tala y desmonte en Salta.
Ayer, miercoles 5 de agosto, se manifestaron frente a la casa de Salta en la ciudad de Buenos Aires, ubicada en Avenida Roque Sáenz Peña 933. Un grupo de 6 mujeres entró y mantuvo una reunión con representantes salteños en Buenos Aires. Pero esa reunión no tuvo una respuesta satisfactoria para ellas, por lo que decidieron quedarse y acampar hasta conseguir que sus reclamos sean atendidos y resueltos. Con carpas y mantas están pernoctando en plena Diagonal Norte, esquina Carlos Pellegrini.






Dos años de prisión para Donato Nieva de la Comunidad Indígena de Tolombón
Este lunes 6 de abril se conoció el fallo de la Sala I de la provincia, y el fallo condenó a dos años de prisión al Donato Nieva. Al ser una pena menor a los dos años, puede no cumplirla en un establecimiento carcelario. Desde la defensa manifestaron que apelarán la medida.
El integrante de la comunidad fue acusado de cuatrerismo en la localidad de Rearte (Trancas, Tucumán) en donde reside desde hace generaciones con su familia.
La causa en su contra fue presentada por la familia Lopez de Zavalía, quienes se declararon como propietarios de esas tierras. La comunidad de El Tolombón había denunciado que fue llevado a juicio por cuatrerismo pero tiene una causa de fondo, usan el tema para después desalojarlo de sus viviendas, para recuperar las tierras de su supuesta estancia" , agregaron que la causa está armada, que no tienen pruebas para realizar la denuncia y no hay testigos que hayan presenciado el supuesto hecho. El abogado defensor de Nieva es Manuel Santillán.
La Unión de la Nación de los Pueblos Diaguitas repudió la medida y además denunció al fiscal Edmundo Alberto Botto por actitudes discriminatorias y peyorativas hacia las comunidades indígenas y exigirán que ratifique sus dichos.
Este es un caso más que se da en la provincia de avance en la criminalización y judicialización de la protesta dentro de las comunidades. El avance del proyecto de relevamiento de las comunidades que además prohíbe los desalojos, es una de las razones por las que los terratenientes se declararon en una ofensiva legal que con la complicidad del poder político y parte del sector judicial que desconoce y no hace cumplir esta ley de utilidad pública.
En el día de ayer en un plenario realizado en Tucumán con la presencia de delegados de El Mollar, Tafí del Valle, La Angostura, Quilmes, El Nogalito, Pueblo Lule, Amaicha del Valle, Casas Viejas y San Pedro entre otras, la Unión Diaguita reafirmó su lucha porque se cumplan las leyes que los protegen y que no se continúe la persecución política y las amenazas a sus integrantes.

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