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jueves, 22 de abril de 2010

Minerias

NOTA DE TAPA:
LA MINERÍA A CIELO ABIERTO, RESISTIDA POR LAS POBLACIONES CORDILLERANAS

Vil metal

Después de dos meses de tensión, Kuntur, un grupo de élite de la policía de Catamarca, desalojó a golpes, culatazos y balas de gomas a los vecinos de Andalgalá que sostienen el corte al paso de las camionetas de la megaminera Agua Rica, empresa que cuenta con permiso oficial para iniciar la explotación del oro, cobre y molibdeno que yace bajo las montañas catamarqueñas.












La policía cortó los accesos a la pequeña ciudad cordillerana, de unos 18.000 habitantes, impidió el paso de las cámaras de TV y de los abogados y médicos que intentaron acercarse para auxiliar a unos 300 asambleístas que fueron heridos y detenidos en la oscuridad del camino de tierra que conduce a la mina. La amenaza del intendente José Perea, vertida en una radio local, de matar a quienes mantuvieran el corte, parecía estar a punto de cumplirse gracias a la presencia del grupo Kuntur, creado en 2002 para actuar en «crisis de toma de rehenes, allanamientos complejos, custodias especiales, traslados de detenidos peligrosos», entre otras funciones que desplegaron frente a mujeres, niños y ancianos.
La violencia del desalojo provocó la reacción del resto del pueblo, y unas 6.000 personas se congregaron en la plaza central. Al poco tiempo, las oficinas municipales, el frente de la empresa Yamana Gold, propietaria de Agua Rica, varias camionetas y locales de proveedores de las mineras resultaron destrozados, lo que llevó al juez de Minas, Guillermo Cerda, a ordenar el «cese de actividades hasta nuevo aviso» en función de «preservar la paz social». De inmediato, el parte de noticias de Dow Jones Commodities informó del fallo que interesa a los accionistas debido a que Argentina es el tercer país en importancia minera del continente, después de Perú y Estados Unidos, y el volumen de las inversiones promete alcanzar 10.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, según publicaciones especializadas.
Fue tras impulsar un pedido de informes a la Secretaría de Minería de Catamarca que los habitantes de Andalgalá se enteraron de la concesión en 2005 del terreno que se encontraba bajo sus propios pies para ser explotado por la empresa Billinton Argentina. En el expediente con que la Secretaría de Minería respondió al pedido de los vecinos figura, disimulada en una larga lista de 272 cateos, la concesión Pilciao 16, que «cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera, como la superficial». Esta novedad, que pone en riesgo la propia supervivencia de la ciudad, jamás se comunicó a sus habitantes, que la descubrieron el año pasado por su cuenta.
Sobre Andalgalá ya pesa desde hace más de una década minera La Alumbrera, considerada uno de los principales yacimientos metalíferos del mundo. De acuerdo con un informe elaborado por el biólogo Raúl Montenegro para la Universidad de Córdoba, Minera Alumbrera Limited «utiliza 95 millones de litros de agua por día que obtiene en Campo del Arenal, una reserva de agua subterránea escasamente conocida. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25% de la energía eléctrica suministrada a la región del NOA y el 87% del consumo total de la provincia de Catamarca». Si se inicia Agua Rica, que duplica a su predecesora, los efectos de la explotación se multiplicarán sobre Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, pero Andalgalá, ubicada a escasos 17 kilómetros, no resistiría otro emplazamiento de esa envergadura.
Después de 12 años de minería, médicos del hospital local denunciaron la multiplicación de enfermedades respiratorias, leucemia y la detección de tres casos de un excepcional cáncer óseo, entre otras dolencias infrecuentes.
Tras la represión, los vecinos –pese a que varios están amenazados y enjuiciados– regresaron al corte, ubicado en Chaquiago, a seis kilómetros de Andalgalá, al costado de un camino de tierra donde todas las noches se turnan en guardias permanentes bajo un pequeño toldo sostenido por un algarrobo. El árbol da nombre a la asamblea compuesta por docentes, estudiantes, jubilados, comerciantes, amas de casa, en su mayor parte. Ahora Asamblea El Algarrobo intenta lograr la prohibición de las explotaciones mineras a cielo abierto en la ciudad. La realización de una consulta popular, otro de sus reclamos, fue recientemente aprobada por el Concejo Deliberante. El plebiscito, de carácter vinculante, se realizaría el 25 de mayo, aunque tanto el intendente Perea, como el gobernador Eduardo Brizuela del Moral, manifestaron su oposición. La experiencia del año 2003 de Esquel, en Chubut, cuando la minería metalífera cosechó el 81 por ciento de rechazo de los pobladores, impartió una lección de lo que implica la democracia directa que el gobierno municipal de Andalgalá no parece estar dispuesto a repetir.

Resistencias

Hoy el mapa de la conflictividad minera se superpone con la extensión de la cordillera de los Andes, donde se encuentran los minerales, pero también el agua de ríos, glaciares y acuíferos necesaria en millones de litros para la extracción de metales preciosos.
El avance de la actividad provocó el surgimiento de asambleas ciudadanas que rechazan las consecuencias del proceso extractivo en las localidades mineras. Lograr no ser desplazados y comprobar la contaminación que detectan con su experiencia es el principal desvelo de los asambleístas, que consultan a expertos, analizan informes geológicos, hidrológicos, legales, beneficios impositivos de la actividad, estudian los informes de impacto ambiental elaborados por las mineras, filman documentales de difusión y golpean puertas de despachos oficiales y de la justicia.
Las asambleas, que también se ocupan de las consecuencias de la sojización y otros conflictos socioambientales, se agrupan en distintos puntos del país por medio de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), una de las redes que ya organizó doce encuentros nacionales.
Yenny Luján es docente en La Rioja y pertenece a la asamblea de Famatina y Chilecito. Su mirada transparente y decidida reafirma sus palabras: «Se metieron con nuestras crías, con la vida de nuestros hijos y no lo vamos a permitir». Hace cinco años comenzó a investigar la minería porque sus alumnos estaban preocupados por la constante presencia de camionetas 4x4 con logos de empresas trasnacionales, que es la forma habitual en que las poblaciones se enteran de la presencia de emprendimientos mineros. «Famatina tiene una historia minera. Cien años atrás, La Mexicana, una empresa europea, se llevó absolutamente todo. Quedaron en la memoria histórica del pueblo los trabajadores muriendo y enfermándose por los efectos de la minería, muchísimas viudas, huérfanos, prostíbulos, la devastación de los bosques nativos, el quebracho y el algarrobo y nada de oro».
Cuando se dictó un curso de auxiliares de geología en la zona, los alumnos de Yenny comenzaron a hacer preguntas a los universitarios, que no sabían qué responder. «Los chicos preguntaban por sus historias familiares, que se fueron transmitiendo de generación en generación y que todavía están en el relato del pueblo. Hay muy pocos registros escritos». Ante las dudas generales, se organizaron en comisiones. «La principal fue la de investigación, que trajo un resumen a la semana siguiente. No lo podíamos creer. Cuanto más investigábamos, más bronca nos generaba, más ganas de ir a explicar a los demás lo que estaba pasando», cuenta. Al crecer la protesta, se acercó a la asamblea un equipo de la Secretaría de Minería local. «Les preguntamos cosas simples porque no teníamos mucho conocimiento y menos que menos lenguaje técnico. Cuánta agua van a gastar. Cómo van a dar tratamiento a los residuos tóxicos. Cuánto cianuro van a utilizar, dónde van a estar los diques de cola, qué van a hacer para evitar el desprendimiento del arsénico con las voladuras. No pudieron responder absolutamente nada. Entonces usaron una estrategia muy común en los equipos técnicos: trataban de envolvernos con conocimiento científico, con lenguaje difícil, con fórmulas. Y la gente les decía: “No hablen de leyes, ni de fórmulas, simplemente digan cuánta agua van a gastar y de dónde la van a sacar”. No sabían, temblaban como una hoja».
Así describe lo que pasa Andrea Burucua, abogada especializada en Derecho de los Recursos Naturales, quien participó de la redacción de la vetada ley de Protección de Glaciares: «La minería a cielo abierto es considerada la actividad más contaminante de las que puede realizar el hombre». La EPA –autoridad ambiental estadounidense– «la categoriza como la segunda amenaza ambiental después del cambio climático» y la prohíbe expresamente en su territorio. Sin embargo, en el país es impulsada como política de Estado. Hoy existen más de 403 proyectos mineros que representan un crecimiento del 907% en relación con 2003, según la Secretaría de Minería de la Nación. Pero Yenny Luján vive otra realidad: «El subcomandante Marcos dice que cuando ves lo que pasa, tenés que tomar una decisión. No te queda otra. No hacés nada o salís y enfrentás».
Y lo que hay que enfrentar no es desdeñable. Apenas en una de las exploraciones de La Rioja, existirían 200.000 onzas de oro como reservas probables, según datos de El Inversor Energético. La cotización del metal se eleva junto con la presión sobre las comunidades. «Los expertos de JP Morgan prevén que su tasación se afirme en torno a los 1.000 dólares por onza durante los próximos dos ejercicios», señala la misma publicación. No es de extrañar, entonces, la virulencia de los mineros contra la Asamblea de Famatina, que les impide el paso hacia el Cerro. Descalifican a sus integrantes como «perturbadas», debido a que la mayoría son mujeres.

Y lo que perturba a los asambleístas es el «open pit» o tajo abierto, un enorme hueco en la montaña con forma de caracol que se extiende hasta unos 500 metros de profundidad, tiene varias hectáreas de ancho e implica la remoción diaria de toneladas de roca para extraer oro, cobre y molibdeno, entre los minerales declarados. Estos metales «están asociados con otros minerales y la exportación de los mismos es a través de declaraciones juradas» explica Burucua, sin que exista un control sobre «el tipo y cantidad de minerales extraídos y exportados».

Los metales son separados de la roca mediante cianuro, ácido sulfúrico o arsénico –según se trate de cobre, oro o plata–, sustancias que se vuelcan por miles de litros para lograr la concentración del mineral. El agua contaminada se deposita en un dique de cola que funciona como basurero y es el foco de múltiples denuncias por provocar drenajes ácidos que filtran a las napas de agua y extienden la contaminación hacia los cursos de agua para consumo humano y agrícola. Montenegro explica que «estos drenajes son la peor amenaza de la minería. Aumentan el contenido de sulfatos y solubilizan (disuelven) metales pesados, facilitando su dispersión aguas abajo». Se trata de derrames por fuera de los diques que llevan el poético nombre de plumas contaminantes. Apenas en Pascua Lama, un megaemprendimiento binacional con Chile, cada gramo de oro implica la remoción de 4 toneladas de roca, 380 litros de agua, 840 gramos de cianuro, 1.104 gramos de explosivos, 43,6 kilowatts por hora de electricidad, detalla Marcelo Giraud, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea del Gran Mendoza por el Agua.
En su trabajo Minería y sustentabilidad, la abogada Burucua recuerda que «el primer estudio de impacto ambiental del proyecto Pascua Lama, del lado chileno, omitió la existencia de tres glaciares aledaños al yacimiento. Luego de una gran movilización y reclamo de la comunidad del Valle del Huayco, la empresa presentó un segundo estudio que contemplaba el traslado y reubicación de los cuerpos de hielo Esperanza, Toro 1 y Toro 2». Sin bien la propuesta de la empresa de trasladar tres glaciares «no fue aceptada por el Estado chileno, el solo hecho que Barrick Gold haya propuesto esa práctica como alternativa es más que alarmante. Nos dice mucho del respeto que sus miembros o técnicos tienen por la naturaleza y sus componentes».
Con respecto al agua, el volumen que utiliza la minería oculta lo que se conoce como «huella hídrica» y no se calcula en el costo ambiental del mineral extraído. «Es un indicador del uso directo e indirecto del agua. En el caso de la minería, es el volumen de agua empleada en la extracción y procesamiento del mineral y el desecho de la misma (ya contaminada)», señala el investigador Gian Carlo Delgado Ramos en el artículo «Minería, medio ambiente y pueblos», publicado en la revista Realidad Económica. Aunque la huella hídrica no figure en los balances, las paredes y las remeras la recrearon a través de la leyenda «El agua vale más que el oro».
Norma Giarraca, socióloga y coordinadora del Grupo de Estudios Rurales, habla de «saqueo» como forma de producción de la minería extractiva. «No lo digo como un juicio de valor. Este modelo funciona como el modelo sojero. Ya no hay producción de alimentos sino commodities, se cotiza en bolsa, con gran influencia del capital financiero, se expulsa mano de obra, se concentra la propiedad. Se le saca todo lo que se puede a la tierra, a la naturaleza, y después migran a otro lado».
A raíz de los cateos mineros, se acercó a las asambleas ciudadanas de la UAC Pedro Orieta, joven abogado integrante de la organización Práctica Alternativa del Derecho, que colabora con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. «Nuestro conflicto sólo abarcaba el tema tierras y no tenía nada que ver con la contaminación ni con la minería». Hasta que la dirección de Minería de Santiago les notificó a unas 200 familias del departamento de Guasayán, en un críptico lenguaje legal, que la empresa Bolland Minera «manifiesta el descubrimiento de oro diseminado» en una propiedad de 43 hectáreas, «por lo que de acuerdo al Código de Minería de la Nación, se dispone de 30 días a fin de que comparezcan todos los que con algún derecho se creyeren, a deducirlo». Pero la realidad es otra para las familias campesinas del lugar. «No son titulares de dominio, son poseedoras, algo que el Código de Minería no contempla. Se notifica a los propietarios y técnicamente estas familias no lo son, viven de generación en generación en distintos lugares de la provincia. Siembran y crían ganado a campo abierto, sin alambres. No hay delimitaciones claras sobre los lotes y tienen una cierta organización y acuerdos implícitos mediante los cuales ocupan zonas según la época del año, o porque los animales de una familia van a pastar ahí». En semejante contraste entre las normas y la realidad, «al no tener títulos de propiedad, cualquiera puede escriturar para desalojarlos. Esto, cuando se hace de manera legal», explica Orieta.

Contra los pueblos

Estas circunstancias han llevado a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, a impulsar la incorporación de los delitos ambientales dentro del Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas. «Se busca la reforma del Estatuto de Roma para incluir en el tratamiento de crímenes contra los pueblos la contaminación, la destrucción del ambiente, de la biodiversidad y el uso irracional del agua, que está provocando grave daño a las comunidades para sancionar tanto a las empresas como a los gobiernos». Pérez Esquivel señala que «hoy los pueblos estamos en un estado de indefensión jurídica» y que en lo inmediato «hay que pedir la destitución de José Perea de su cargo como intendente de Andalgalá y abrir una causa penal por amenazas de muerte». Tras el conflicto con Meridian Gold en Esquel, se reunió con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá debido al origen de los capitales mineros en ese yacimiento. «Me contestaron que resuelva este problema con mi gobierno, porque las empresas van donde les conviene –relata–. No hacen caridad. Las leyes de Minería sancionadas durante el menemismo realmente son una aberración. Se llevan el 97% de los recursos, dejan devastación del ambiente, contaminación del agua y enfermedades y destrucción del pequeño y mediano productor rural».
Aunque la creciente presión de las poblaciones generó en siete provincias la sanción de normas que prohíben la minería a cielo abierto, Pérez Esquivel se refiere al paquete de leyes mineras que incluye la ley de Inversiones Mineras, el Código de Minería, el Acuerdo Federal Minero y ley de Protección Ambiental. Entre otros beneficios, esta extraordinaria legislación permite a las mineras deducir el 100% del pago de ganancias por inversiones en prospección, exploración, estudios de suelos, ensayos y demás actividades destinadas a determinar la factibilidad de un emprendimiento. No deben liquidar divisas en el país. Gozan de amortización para las inversiones de capital. Están eximidas del impuesto al cheque. Cuentan con estabilidad fiscal por 30 años (en Perú el período es de 15 años y en Honduras es de 10). No pagan derechos por importación u otros tributos por la introducción de bienes de capital, equipos, repuestos y accesorios (las empresas alegan que estos insumos no se fabrican en el país).
La propia interesada realiza el cálculo de las regalías –que no pueden superar el 3% de las ganancias– mediante declaración jurada por el valor a boca de mina. Se les devuelve el IVA para bienes de capital e inversiones en obras de infraestructura en un plazo máximo de 60 días. Si exportan por puertos patagónicos, gozan de reembolsos estatales de un 5% como mínimo. Además, la Nación y las provincias productoras acordaron tomar medidas para evitar distorsiones en las tarifas de energía eléctrica, gas y combustibles que pudieran afectar la actividad minera, según un relevamiento del abogado ambientalista Enrique Matías Viale para la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería.
Durante una audiencia en el Congreso Nacional realizada tras el veto de la ley de Protección de Glaciares, el ingeniero Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros de San Juan, principal provincia minera del país, señaló: «En nuestra actividad hemos crecido en las exportaciones de uva, vino, pasas, y pagábamos todos los impuestos. En consecuencia, dennos las condiciones que le dan a la actividad minera metalífera y nosotros ponemos a riego por goteo a todo San Juan». Ramos apeló a una cita de un gobernador peronista, «gobernar es regar», y explicó que «toda el agua de San Juan está distribuida por ley. Cada productor tiene una cuota que no alcanza para regar toda la superficie que poseemos. Incluso, muchos de nosotros debemos perforar 330 metros para extraer el agua y así poder regar en zonas que no cuentan con derechos, pero este recurso también escasea». El viñatero expresó que la provincia cuenta con «un 25% de la tierra cultivable, que se puede regar, pero hay más de 400.000 hectáreas que no tienen agua. Existen kilómetros de desierto y no de montaña. Entonces, el argumento según el cual hay que explotar las montañas porque si no San Juan no es sustentable, también ha traído aparejado que se hayan aplicado políticas para que nuestra actividad no sea sustentable».
Yenny Luján, de La Rioja, dice que «con el tiempo entendimos que a las mineras no les interesa la licencia social. Les dijimos que no con nuestra palabra, con nuestro cuerpo, con ordenanzas y con leyes, y no les importa. Siguen avanzando y no van a parar hasta que nos hagan desaparecer, lo que nos ubica en un lugar de protección de nuestro territorio, entendido mucho más allá de la tierra. No vamos a conseguir que se vayan, porque para ellos son importantes los recursos naturales, la tierra y agua. Entonces, nuestra resistencia intenta la construcción de poder popular a partir de la autodeterminación». Por si la consigna «El Famatina no se toca» no fuera suficiente, esta menuda maestra riojana aclara: «O son ellos o somos nosotros. Nos han puesto en ese lugar».


Victoria Richter

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